Los residentes de los barrios Ciudad Salitre y Montevideo, en el occidente de Bogotá, salieron a las calles para manifestar su rechazo a la decisión de la Alcaldía de Bogotá de reubicar a más de 1,100 indígenas de la comunidad Emberá en la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), ubicada en el barrio Montevideo, cerca del Terminal de Transporte El Salitre.
Las protestas, que han generado bloqueos intermitentes en vías clave como la avenida La Esperanza y la calle 26, reflejan la creciente tensión entre los habitantes del sector y las autoridades distritales. La reubicación de la comunidad Emberá, proveniente principalmente de las Unidades de Protección Integral (UPI) La Rioja y La Florida, así como del Parque Nacional, responde a un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 28 de mayo de 2025, que ordenó al Distrito garantizar condiciones dignas para estas familias desplazadas por la violencia en sus territorios, especialmente en Risaralda y Chocó. Según la Alcaldía, el predio del IDPAC fue seleccionado tras evaluar más de 70 opciones, siendo el único que cumple con los requisitos técnicos y logísticos para albergar temporalmente a esta población mientras se coordina su retorno a sus lugares de origen o su integración local.
Sin embargo, los vecinos de Ciudad Salitre y Montevideo, liderados por la Asociación de Propietarios de Salitre (Asosalitre), han expresado su inconformidad, argumentando que la decisión se tomó sin socialización previa ni diálogo con la comunidad. “Entendemos la situación humanitaria, pero esta zona no ofrece soluciones sostenibles para los Emberá y representa un riesgo para las más de 18,000 familias que vivimos aquí”, afirmó Christian Quiñónez, vocero ciudadano, en diálogo con Infobae Colombia. Los residentes denuncian que el sector ya enfrenta problemas de inseguridad, comercio informal y deterioro del espacio público, agravados por la cercanía al Terminal de Transporte.
El Centro Comercial Salitre Plaza también se pronunció, expresando su preocupación por las condiciones inadecuadas del IDPAC para albergar a la comunidad indígena y alertando sobre posibles impactos en la seguridad y la convivencia, basándose en experiencias previas en lugares como La Rioja y el Parque Nacional. “Estos traslados carecen de acompañamiento y atención permanente de las entidades de control”, señaló el comunicado del centro comercial.
Las protestas han causado importantes afectaciones a la movilidad, con bloqueos en la calle 26 y la avenida La Esperanza que han obligado a la suspensión de nueve estaciones de TransMilenio entre el Portal El Dorado y Quinta Paredes, así como desvíos en 23 rutas del SITP. El jueves, cerca de 200 manifestantes se movilizaron, algunos con la intención de llegar hasta el Aeropuerto El Dorado, según reportó El Tiempo.
En respuesta, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, inició diálogos con líderes de Asojuntas Fontibón y Asosalitre el pasado 9 de julio, en lo que describió como la “primera de varias jornadas de conversación” para aclarar el proceso y escuchar las preocupaciones de la comunidad. El alcalde Carlos Fernando Galán, por su parte, reconoció que la situación en La Rioja es “deplorable” y aseguró que el Distrito está comprometido con abrir espacios de diálogo antes de concretar el traslado. “El predio del IDPAC es el que presenta menos retos, pero estamos listos para trabajar con la comunidad”, afirmó Galán a El Tiempo.
En el ámbito político, el Concejo de Bogotá también ha abordado la controversia. Durante una sesión el 10 de julio, la concejala Sandra Forero pidió explicaciones sobre el proceso de selección del predio y la falta de participación ciudadana, mientras que el concejal Óscar Bastidas defendió los derechos de los Emberá y abogó por su retorno a sus territorios. Otros concejales, como Rubén Torres y Fernando López, destacaron la necesidad de un equilibrio que garantice los derechos de ambas comunidades sin generar más tensiones sociales.
Mientras las autoridades avanzan en las adecuaciones del predio y en la coordinación con la Unidad para las Víctimas para un eventual retorno, los habitantes de Ciudad Salitre insisten en que se consideren alternativas en predios menos poblados y con mejor infraestructura. “No estamos en contra de los Emberá, estamos en contra de la improvisación”, reiteró Asosalitre. Se espera que en los próximos días se realicen nuevas mesas de diálogo para buscar una solución concertada que respete los derechos de todas las partes involucradas.
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